Está previsto que los delegados se reúnan en Antalya (Turquía) para la COP31, en un contexto marcado por la guerra, una crisis energética y fenómenos climáticos extremos cada vez más graves. Las negociaciones abordarán la financiación climática para los países en desarrollo, la adaptación, la reducción de emisiones y la creación de una transición global justa hacia una economía más limpia.

La cumbre tendrá una estructura inusual: Turquía acogerá la conferencia, mientras que Australia será responsable de dirigir las negociaciones. Turquía también promoverá una agenda de acción más amplia centrada en cuestiones como la electrificación, los océanos y la industrialización verde.

Un análisis de alrededor de 100 documentos ha trazado las posiciones de los países y los bloques negociadores sobre los principales asuntos previos a la conferencia. El panorama resultante está concebido como un documento vivo que puede actualizarse durante toda la COP31.

Uno de los temas clave será el mecanismo Belém-Antalya, establecido para apoyar una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Aunque los negociadores avanzaron en algunos aspectos del mecanismo durante las conversaciones de junio, persisten los desacuerdos sobre su alcance y sobre si debería estar vinculado al apoyo financiero. Los grupos de la sociedad civil han identificado la puesta en funcionamiento del mecanismo como uno de los principales resultados esperados de la COP31.

Se espera que la financiación climática sea otro importante punto de tensión. Los países en desarrollo han respaldado un programa de trabajo diseñado para aumentar la presión sobre las naciones desarrolladas a fin de que proporcionen financiación pública en virtud del artículo 9.1 del Acuerdo de París. Algunas partes también han propuesto un sistema de reparto de la carga para las contribuciones a la financiación climática.

El debate tiene lugar mientras los principales donantes reducen sus presupuestos de ayuda y la administración Trump, en Estados Unidos, presiona a los bancos multilaterales de desarrollo para que abandonen sus objetivos climáticos. En general, los países desarrollados favorecen un enfoque más amplio centrado en mejorar el acceso a la financiación existente y ampliar el conjunto de donantes, posiciones que también apoyan algunos países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares.

Los negociadores también están debatiendo el artículo 2.1c del Acuerdo de París mediante el diálogo de Veredas. Esta disposición se refiere a hacer que los flujos financieros mundiales sean coherentes con la acción climática, pero los países discrepan sobre su significado. Los países en desarrollo han tratado de mantener el debate centrado en las responsabilidades financieras de las naciones más ricas.

Las conversaciones sobre adaptación abordarán el objetivo mundial relativo a la adaptación. En la COP30, los países acordaron 59 indicadores para medir los avances, pero estos aún deben perfeccionarse antes de la COP32 en Addis Abeba (Etiopía). Los países en desarrollo han subrayado que la financiación para la adaptación debe respaldar acciones prácticas, en lugar de limitarse a medir los avances, y han solicitado garantías sobre el compromiso de triplicar dicha financiación.

Los negociadores tampoco lograron avanzar en el programa de trabajo sobre mitigación durante las conversaciones de junio. Las partes discreparon sobre si el programa debería continuar en los próximos años o cerrarse, por lo que el único punto formal del orden del día centrado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue sin resolverse.

La cumbre examinará asimismo la aplicación del primer balance mundial del Acuerdo de París. Entre las medidas acordadas figuraban abandonar progresivamente los combustibles fósiles, triplicar la capacidad de energías renovables y detener y revertir la deforestación para 2030. Estos resultados siguen siendo controvertidos para algunos grandes países en desarrollo y economías dependientes de las exportaciones de combustibles fósiles, mientras que las naciones en desarrollo continúan argumentando que necesitan financiación adicional para llevarlos a cabo.

Se esperaba que los países presentaran planes climáticos nacionales actualizados, o NDC, que abarcaran el período hasta 2035 y se basaran en el primer balance mundial. Hasta ahora, 150 partes, que representan tres cuartas partes de las emisiones mundiales, han presentado nuevos planes. Irán, Vietnam, Egipto y Argentina se encuentran entre los países que no lo han hecho, mientras que Estados Unidos ha retirado su plan climático durante la administración Trump. La Unión Europea y otras partes han pedido que las nuevas NDC se presenten antes de la COP31 y estén alineadas con el límite de temperatura de 1,5 °C.

La COP31 también pondrá en marcha el segundo balance mundial, cuya conclusión está prevista para 2028.

Más allá de las negociaciones oficiales, Turquía está promoviendo objetivos relacionados con la electrificación, la reducción de residuos y la disminución de las emisiones de los edificios. La presidencia negociadora de Australia podría intentar incluir algunos de estos objetivos, incluida la electrificación, en una decisión más amplia de texto de cobertura.

La agenda de acción pretende complementar las conversaciones oficiales al permitir que los gobiernos y los actores no estatales impulsen soluciones prácticas. Una nueva iniciativa puente para la aplicación de medidas climáticas buscará traducir los objetivos de las NDC en una cartera de proyectos susceptibles de recibir inversión.

La política oceánica también está recibiendo apoyo antes de la cumbre. Una carta conjunta firmada por 105 partes pidió que la COP31 sitúe los océanos en el centro de la acción climática e incorpore medidas basadas en los océanos al marco climático de la ONU.

Fuentes: Carbon Brief.