Se espera que los líderes del Senado de Estados Unidos celebren una votación inicial sobre la Ley Bipartidista Estadounidense de Asequibilidad y Empleo (BAAJA, por sus siglas en inglés) el 9 de noviembre, mientras crece la oposición de los grupos ambientalistas y de algunos legisladores demócratas. El proyecto de ley busca reducir las demoras en la concesión de permisos para proyectos energéticos, pero sus críticos sostienen que podría acelerar el desarrollo de combustibles fósiles y debilitar las vías existentes para impugnar proyectos.
Cuatro senadores demócratas —Tammy Duckworth, Ed Markey, Jeff Merkley y Ron Wyden— escribieron a los copatrocinadores del proyecto de ley para decirles que dudan de que la administración del presidente Donald Trump cumpla los compromisos asumidos durante las negociaciones. Señalaron la cancelación de subvenciones y préstamos para energías limpias y alegaron que algunas decisiones tenían por objeto perjudicar a estados que votaron por los demócratas.
Los senadores pidieron a la administración que restablezca todas las subvenciones canceladas y que ofrezca un compromiso por escrito de que las decisiones sobre subvenciones no se basarán en la afiliación política de los funcionarios estatales. Han amenazado con oponerse a una moción para iniciar el debate si la administración no cumple. Su oposición podría complicar los esfuerzos por conseguir los 60 votos necesarios para superar un filibusterismo.
La Casa Blanca dijo que apoya la legislación y argumentó que generaría empleos e inversiones. Un portavoz dijo que el texto del proyecto de ley ya se publicó y que la administración está conversando con los negociadores del Senado antes de la votación. El copatrocinador demócrata Sheldon Whitehouse también ha expresado preocupación por la posibilidad de que la administración siga oponiéndose a las energías renovables incluso si se aprueba el proyecto de ley.
Un informe de Resources for the Future, una organización de investigación sin fines de lucro, estima que las disposiciones de la BAAJA relativas al sector eléctrico reducirían las emisiones acumuladas de dióxido de carbono en 1,83 gigatoneladas hasta 2041. El análisis proyecta un 30 por ciento más de capacidad de transmisión y 60 gigavatios adicionales de capacidad de energía limpia, en comparación con un escenario sin el proyecto de ley. También prevé que los costos anuales promedio del sistema eléctrico sean entre un 3,5 y un 7 por ciento inferiores a los de ese escenario de referencia.
El informe estima que las emisiones de 2041 serían un 6 por ciento inferiores a las del escenario de referencia, aunque aumentan durante el período estudiado en ambos escenarios. También proyecta un pequeño aumento en las centrales de gas natural de ciclo combinado, un efecto que se espera que disminuya con el tiempo.
El análisis examina únicamente las disposiciones relativas al sector eléctrico. No evalúa otras medidas que han suscitado objeciones, incluidos los cambios relacionados con la Ley de Agua Limpia, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley Nacional de Preservación Histórica. Kevin Rennert, coautor del informe, dijo que los legisladores deberían tener en cuenta una gama más amplia de análisis al evaluar los efectos generales del proyecto de ley.
Los grupos ambientalistas advierten que la propuesta podría facilitar la construcción de infraestructura para combustibles fósiles y limitar la capacidad de futuras administraciones para cambiar de rumbo. El debate también ha dividido a los defensores de las energías limpias: algunos grupos empresariales apoyan agilizar las autorizaciones para proyectos de transmisión y energías renovables, mientras que sus detractores afirman que el proyecto de ley eliminaría salvaguardias importantes. Mientras tanto, una coalición de organizaciones conservadoras ha instado al Senado a aprobarlo.
Fuentes: Inside Climate News.