La presidencia brasileña de la COP30 publicó el 3 de noviembre su esperada hoja de ruta sobre deforestación, que expone posibles maneras de que los países conviertan los compromisos forestales existentes en acciones. El documento voluntario no crea nuevos compromisos ni reabre decisiones acordadas anteriormente, y queda fuera de los resultados formales de las negociaciones de las conversaciones climáticas de la ONU.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva propuso por primera vez hojas de ruta sobre deforestación y la transición para abandonar los combustibles fósiles antes de la COP30 en Belém. Al término de la cumbre, 93 países habían respaldado la hoja de ruta forestal y expresado su apoyo al desarrollo de vías voluntarias para revertir la pérdida y degradación de los bosques de aquí a 2030. La cifra fue inferior a las 196 partes necesarias para alcanzar un consenso en una COP.

El objetivo declarado de la hoja de ruta es apoyar una acción coordinada y liderada por los países, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades nacionales. Para elaborarla se consideraron más de 200 aportaciones de gobiernos, bloques negociadores, grupos de la sociedad civil, investigadores, pueblos indígenas, empresas y otros actores. Dieciocho países y cuatro bloques presentaron sus propias contribuciones. La Climate Policy Initiative actuó como secretaría y socio técnico del proceso.

El documento agrupa sus propuestas en tres ámbitos: acción nacional, cooperación internacional y financiación. En cuanto a los esfuerzos nacionales, abarca cinco áreas: conservar los bosques, utilizarlos de manera sostenible, abordar la degradación y la deforestación, y restaurar o establecer bosques. Identifica 18 posibles enfoques de implementación, entre ellos las áreas protegidas, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, medidas contra las plagas y enfermedades de las plantas y límites a los permisos para actividades que transforman los bosques.

También presenta un proceso de cinco pasos que los países podrían utilizar para planificar acciones nacionales, junto con orientaciones sobre las condiciones que pueden facilitar su implementación, como una mejor gobernanza de la tierra y la educación ambiental. En materia de cooperación internacional, la hoja de ruta destaca la intersección entre los acuerdos sobre clima, biodiversidad, tierras y derechos humanos en cuestiones forestales. Pide reforzar la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades, y señala que los países no tienen la misma capacidad para acceder a la información sobre vigilancia forestal y utilizarla.

La hoja de ruta aborda la delincuencia transfronteriza y el comercio, y recomienda fortalecer la capacidad nacional para investigar los delitos ambientales, así como adoptar políticas comerciales que recompensen la producción sostenible y libre de deforestación. Señala que las medidas que recompensan el cumplimiento suelen ser más eficaces que las que imponen cargas económicas y administrativas a los exportadores.

La financiación ocupa un lugar destacado. El documento estima que para 2030 se necesitarán 300.000 millones de dólares al año para detener y revertir la deforestación, mientras que la financiación actual representa menos de un tercio de esa cantidad. Casi el 90 % de la financiación existente procede de fuentes públicas nacionales. Sus 10 propuestas incluyen alinear la financiación pública con los objetivos forestales, mejorar el reparto de beneficios y reforzar la posición de los bosques en los mercados de carbono.

Los países señalaron diversos obstáculos para llevar a la práctica los planes forestales. Entre ellos figuran la presión de la minería y la agricultura, la tala ilegal, las distintas definiciones de degradación forestal, el acceso limitado e impredecible a la financiación y las dificultades para vigilar la deforestación y la restauración. Varios países también señalaron el aumento del riesgo de incendios forestales y la necesidad de contar con sistemas de alerta temprana y vigilancia en zonas remotas. Otros obstáculos son propios de las circunstancias nacionales, como la disponibilidad limitada de tierras en Mauricio y la dependencia de la leña de gran parte de la población de Sudán en medio del conflicto.

Algunos gobiernos cuestionaron el proceso o decidieron no apoyar la hoja de ruta en la COP30. India se opuso a incluir hojas de ruta voluntarias fuera del orden del día formal en el resultado negociado de la cumbre, pero posteriormente su ministro de Medio Ambiente dijo que el país acogía con satisfacción la hoja de ruta forestal. Rusia sostuvo que el marco climático internacional vigente no contemplaba un mandato para una hoja de ruta universal y también expresó inquietud por el comercio y por la falta de una definición de degradación forestal que fuera universalmente acordada y jurídicamente vinculante. Otros países desconfiaban de que iniciativas de mitigación no negociadas compitieran con prioridades del orden del día formal, como la financiación para la adaptación.

La hoja de ruta se basa en acuerdos internacionales anteriores, entre ellos la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra y el balance mundial de la COP28, que reconoció la importancia de detener y revertir la deforestación y la degradación forestal. Según el documento, su propósito es ayudar a avanzar en esos compromisos existentes. La presidencia brasileña ha pedido a los países que mantengan el diálogo hasta la conclusión del segundo balance mundial, en 2028.

Fuentes: Carbon Brief.